15 de mayo de 2008

La manifiesta inoperancia del Senado.


El Senado es la institución más criticada de nuestra historia constitucional reciente. O eso creo, puesto que, justo tras la promulgación de la Constitución ya había fuertes discusiones doctrinales sobre sus funciones, su composición y sus competencias. Recuerdo haber leido hace algún tiempo un artículo de Eliseo Aja (Catedrático de Constitucional de la UB) criticándolo nada más aprobarse la CE.

A todas las críticas que se hacen en medios doctrinales, periodísticos y en la blogosfera política, hoy quiero añadir una que me resulta, cuando menos, muy curiosa: La inoperancia y la poca relevancia del Senado se manifestó ayer, fecha de constitución de las Comisiones Legislativas Permanentes de la IX Legislatura.

Es decir, más de dos meses después de las elecciones y casi un mes y medio después de la sesión constitutiva de una Cámara (que, recordemos, no ha tenido que afrontar debates de investidura, ni investir al presidente del gobierno ni nada que haya podido ralentizar su funcionamiento más allá de la incorporación de los Senadores designados por Andalucía) han comenzado a funcionar comisiones tan "importantes" como la Comisión Constitucional, la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Administraciones Públicas o la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Todas tienen que estudiar asuntos tan relevantes como la nueva Ley de Función Pública de la AGE, todo lo relativo a la futura aplicación del Tratado de Lisboa o el nuevo sistema de financiación autonómica. Asuntos nada baladíes que requieren de todo el trabajo parlamentario que sea posible, no una adormecedora espera de la llegada de los proyectos del Congreso.

Y ese es el problema: Sólo se dedican a releer, y de aquella manera.

Es una muestra perfecta del valor real de la Cámara Alta en nuestro sistema político, una cámara ninguneada por los partidos (que, aún con todo lo que se ha de hacer en el Congreso, han constituido las comisiones hace más de una semana) y que vive ociosa en su plácida decadencia a la espera de lo que venga.

13 de mayo de 2008

A vueltas con la LOREG


A pesar de la inactividad habitual del blog, debido a la falta de tiempo que dedicarle, el que esto rubrica sigue todos los días la actualidad de parte de la blogosfera. Y hoy, nuestro querido Becario propone un tema de lo más interesante, uno de los clásicos de la política actual: La reforma de nuestra querida Ley 5/1985, de 19 de Junio, de Régimen Electoral General. Sin ánimo ni tiempo para entrar en detalles, se trata de, como ya he comentado en otras ocasiones, del sustento legal fundamental, regulado por ley orgánica y con buena parte del artículado de carácter básico, que nació con bastante acuerdo y ha sido reformada por otras normas legales de igual rango con unos más que aceptables niveles de consenso.

Eso en cuanto a la ley. Sobre la reforma, lo que siempre he dicho: Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. O lo que es lo mismo, sólo buscan su reforma aquellos que más la necesitan para poder acceder a cuotas de poder a veces por encima de su real apoyo. Es el caso de IU, de algunos partidos nacionalistas e incluso de UPyD, que ya antes de su entrada (triunfal) al Congreso de los Diputados (y, por tanto, a la vida política española) la blandía como una de sus panaceas regeneradoras ante una democracia enferma y decadente. Tal razón puramente oportunista ya invalidaría, a mi juicio, toda posible intentona de reforma en los ámbitos solicitados, ya que el oportunismo no debería ser la base sobre la que cambiemos un elemento tan sustancial para la vida política y el funcionamiento democrático de un Estado como la Norma Electoral.

Por otro lado, cabe decir que esta ley ni es poco proporcional (de no serlo el constituyente o el legislador hubieran optado, como de hecho quería la AP del proceso constituyente, por un sistema electoral mayoritario), como dicen algunos, ni sobrerrepresenta a las minorías, como dicen otros: Es una ley que, a medio camino entre el principio de estabilidad gubernamental y representación de minorías, ha resultado, en la práctica, muy beneficiosa para el primer principio en todos los niveles territoriales: El Gobierno nunca ha vivido una situación de ingobernabilidad (al menos no por esta causa), no ha habido demasiados problemas en el escalafón autonómico y el ámbito municipal, en el que sí observamos más inestabilidad, es el resultado de la sobrerrepresentación de miembros de las corporaciones en circunscripciones más o menos pequeñas. Parece lógico que en distritos municipales donde existan diferentes opciones ideológicas y fuerte competeción entre ellas surja, a la postre, un sistema multipartidista tendente a la polarización (como diría Sartori).

Vista nuestra historia reciente, la LOREG cumple con unos objetivos fundamentales: Sabe castigar a los gobiernos que lo hacen mal, arrastrándolos a la oposición sin un gran número de votos perdidos (los casos de 1996 o 2004 pueden ser ilustrativos), hace muy difíciles las amplias mayorías absolutas (y normalmente por el desplome del partido opositor)que sí serían verdadero impedimento a la pluralidad y a la acción política de las minorías (1982 y 2000 son ejemplos muy de repetición compleja) y, lo que es importante, ha aportado el necesario equilibro al poder ejecutivo. Además, en el caso de la mayoría de las elecciones, ha elaborado un sistema de voto fácil e inteligible por la mayoría de la población que preste un mínimo de atención al sistema político, excepción hecha del voto al Senado, claro.

Pero de eso hablaremos otro día.

PD: Este bonito tema fue el propuesto para el 4º examen de la oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado de 2007, especialidades Jurídica y Social. Tomo nota.