10 de abril de 2009

De presidentes ilegítimos y legítimos demagogos.


No voy a abordar el asunto de la remodelación del Gobierno de España sino de forma tangencial, puesto que mucho se ha escrito ya y en casi todo estoy de acuerdo. Sólo puedo decir que valoro muy positivamente las entradas de Chaves, Blanco y Gabilondo, no entiendo la de González-Sinde y me hubiera gustado ver un par de salidas más, porque no creo que Mercedes Cabrera, Molina o Bernat Soria hayan metido mucho la pata.

Sí quiero hablar de la última perla de Javier Arenas, un animal político nato que pierde todas las elecciones a las que se presenta, y, aún así, sigue cobrando (y muy bien) del erario público, a fuer de liberal. En esta última declaración a la desesperada, como la mayoría de las que se le oyen desde hace un año, intenta confundir a la ciudadanía acerca de nuestro sistema político, alegando que Griñán, futuro presidente de la Junta de Andalucía, será ilegítimo y debe haber elecciones anticipadas.

Este señor, que, según fuentes oficiosas, tardó 12 años en acabar la licenciatura en Derecho, olvida que el actual sistema autonómico, hecho a imitación del sistema político que la Constitución consagra para las instituciones centrales del Estado, se basa en un régimen parlamentario. Un régimen que elige al titular del poder ejecutivo de forma indirecta, filtrando la voluntad popular a través de una Cámara de representanción del propio pueblo. En las elecciones autonómicas no se elige al presidente de la misma, sino que se elige un Parlamento que, conocida la relación de confianza, sostén, acoso y derribo o como queramos llamarlo, ha de elegir, normalmente de entre sus miembros, a la más alta magistratura del poder ejecutivo de la citada entidad territorial.

Porque, de hecho, en nuestras elecciones autonómicas no elegimos presidente: Lo que realmente elegimos es la composición del arco parlamentario, materializada ésta a través del voto a uno u otro partido. Pero como los partidos pueden ser muchas cosas, pero desde luego no son tontos, deciden centrar la atención en un rostro, una imagen: La del candidato que, salvo catástrofe, será presentado por el grupo parlamentario que los ciudadanos elegimos para presidir los designios de la CA durante lo que dure la legislatura.

Por ello, tiene cierta parte de razón Arenas, puesto que, realmente, al gente vota al candidato a la presidencia, si bien formalmente no lo hace. Y ese es el doble juego de la democracia representativa de nuestro mapa autonómico, que hace surgir este conflicto cuando un presidente abandona el cargo por uno u otros motivos. No es, como bien apuntan por ahí, el primer caso: En 2004, Bono salió de la presidencia de Castilla La Mancha para ser ministro de Defensa, Zaplana salió de la Comunidad Valenciana para ser ministro, etc... Y nadie, que yo sepa salió a pedir nuevas elecciones por considerar ilegítimos a sus sucesores (sabiendo además que, normalmente, son los siguientes en la línea "sucesoria" que establecieron en sus gabinetes).

A pesar de la utilización demagoga, inculta y partidista de la que hace gala Javier Arenas, es cierto que tal juego de legitimidades diferenciadas entre la teoría y la práctica política hace ciertamente incomprensible nuestro sistema a ojos de buena parte de los ciudadanos de a pie. Y como soy partidario de clarificar el juego institucional básico de cara a la ciudadanía, yo evitaría estas desavenencias modificando el sistema político, en el rango que fuese necesario, para hacer que los titulares de poderes ejecutivos fuesen elegidos directamente (o con la leve interferencia de un colegio como en EEUU) por los ciudadanos, a la francesa, para evitar así legitimidades indirectas que provoquen que incautos desesperados se aprovechen del desconocimiento ciudadano, y obtengan rédito político sin razón.