El nuevo ministro.

Parece ser que han fallado todas las cábalas. Los que buscábamos el nuevo titular del Ministerio de Justicia entre nombres que nos resultaran familiares hemos acabado por equivocarnos. El lo que tiene jugar a política-ficción.

Al final nuestra Pilar Blanco (mi apuesta personal, claramente...) no ha sido la nueva Ministra de Justicia, pero ha desempeñado otro papel nada desdeñable: Notaria Mayor del Reino. Y el elegido por el Presidente del Gobierno no ha sido otro que Mariano Fernández Bermejo, que fuera (hasta el día de su nombramiento) fiscal Jefe de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Curiosamente, y al igual que Pilar Blanco, este señor ha dado clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura (tu facultad, mi facultad, nuestra facultad). No en vano un profesor de la misma me dijo el otro día, con cierta sorna, que iba a empezar a documentarse, porque parecía que todos "tenemos un pie en algún ministerio".

Pero, anécdotas y deseos personales aparte, ha ocurrido lo que parecía imposible: El PP, antes de ya de prometer su cargo el ya ministro, ya andaba criticándolo por radical e izquierdoso. afirmación que él mismo ha afirmado varias veces. Es curioso que se critique a un ministro de un gobierno de un determinado color por decir estas cosas. ¿O acaso Michavila, Acebes o Michavila han negado alguna vez su militancia de derechas, su sentimiento conservador o su espíritu liberal-centrista (todos sinónimo del PP actual)? Por si fuera poco, se permiten el lujo de decir que ese no es el ministro que quieren, algo que, personalmente me agrada, ya que si el Ministro de Justicia de Zapatero fuera uno que a ellos les gustase, creo que algo fallaría.

Como se suele decir, ladran, luego cabalgamos. La actualización del Poder Judicial, una mejor coordinación entre sus instancias y el tema del TC son cuestiones que se deberían resolver pronto. Espero que con este miembro del ejecutivo, el legislativo y él mismo de ponga a trabajar para devolver la credibilidad a las instituciones del Estado, frente aquellos que no aceptan ni comparten las sentencias del TS.