Legitimidades.

Una vez más los salvapatrias parecen encontrar la solución de todos los problemas con algo tan simple como el autoritarismo arbitrista. Rajoy, aquel que algunos llamaron en su día "patriota de hojalata", y que viene haciendo declaraciones de dudoso patriotismo jurídico allá por donde va, se queda tan ancho después de decir que el presidente del gobierno debe instar al presidente de una comunidad autónoma a que dimita para así solucionar los problemas.

Al leer cosas así cabe plantearse muchas cosas. Está claro que la consulta que Ibarretxe plantea es, a todas luces, inconstitucional, y por tanto, ilegal. Por ello, ante una ilegalidad flagrante de tipo jurídico y político como esta sólo cabe una respuesta por parte del gobierno: Instar a las instancias competentes a que impidan dicha cuestión que se sale de nuestro ordenamiento, dejando actuar al poder Judicial y al TC, y recurriendo, como apuntan algunos, pero tan sólo si fuese estrictamente necesario, al famoso artículo 155.1 de nuestra Constitución. Firmeza, toda la del mundo, pero siempre dentro de la racionalidad.

Por ese artículo 155.1 se da prerrogativa al Gobierno de España para actuar en la CA correspondiente. Hasta ahí todo bien según el razonamiento de Rajoy, pero... ¿Es democrático instar a que un presidente de Comunidad Autónoma dimita si ha sido apoyado mayoritariamente en las urnas? ¿Sería democrático tumbar a Ibarretxe, después de haber planteado esta serie de cuestiones (que no son nuevas) antes de unas elecciones del País Vasco en las que resultó mayoritariamente elegido(si bien con menos apoyo)? A mi juicio, y siguiente el propio artículo 1 de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo, y es el pueblo el que, si Ibarretxe continúa en esta senda tan peligrosa como electoralista, debe tomar la decisión de decidir si "está a la altura del cargo". Al presidente del Gobierno le corresponden otras cuestiones, no la de socavar el ámbito autoorganizativo de las autonomías.

Una vez más, el problema de la legitimidad en el poder. En este caso, ambos presidentes son legítimos y deben actuar en el marco de sus atribuciones y competencias como tales, sujetos, como es normal en nuestro Estado de Derecho, a los contrapesos y a los seguros que sustentan la maquinaria de los Poderes del Estado, sin más límite formal que esos, y sin más límite material que el voto de los electores.

Ibarretxe se mete en derivas soberanistas, y el Estado de Derecho en su conjunto lo detendrá con sus herramientas. Pero andar metiéndose en cuestiones de legitimidad democrática no beneficia precisamente ni al sistema ni a su propia arquitectura constitucional.

De la legitimidades de Imaz e Ibarretxe sobre la agenda política del PNV hablaremos en otro momento.