El TC y las propuestas autonómicas

Hoy se reúne un diezmado pleno del Tribunal Constitucional para decidir acerca del recurso interpuesto contra la reforma de su propia LO, aprobada por nuestras Cortes Generales el pasado 24 de Mayo del pasado año. El ponente será Pablo Pérez Tremps, ex-decano de mi facultad. Es ciertamente una cuestión pasajera para la mayoría de la ciudadanía, pero no obstante oigo a personas que se presumen formadas hablar de forma realmente inefable de todo el asunto. El que menos (o la que menos) habla de compraventa del TC desde manos socialistas.

No entraré a analizar el precepto que ha abordado la continuidad de los magistrados que ostentan la presidencia y la vicepresidencia del órgano constitucional, puesto que no la he abordado en profundidad. Sólo le interpreto en clave política: Ante una situación de bloqueo institucional por falta de mayoría parlamentaria suficiente, la situación se tornaba oscura y mejor continuar transitoriamente como estamos a liar la madeja aún más.

Si me parece peliaguda y peligrosa tal actitud deslegitimadora, más me preocupa aquella imagen que se nos pretende vender sobre la nueva idea de que las CCAA, a partir de nuestra supuesta Cámara de representanción territorial, puedan proponer candidatos a magistrados del TC.

El PP olvida que estamos en un estado compuesto, suma de los poderes centrales, que nos aúnan y dirigen en ciertas materias, y los territorios autónomos, con capacidad político- administrativa según un orden competencial abierto establecido constitucionalmente. Ambas realidades conforman nuestro Estado, y, por lógica, ambos niveles, al hallarse afectados de igual manera por la jurisprudencia del TC, según el principio de competencia, deben tener cierta capacidad para participar en la formación de dicho órgano. Se ha elegido la vía de la Cámara Alta, opción tan buena (o mala) como cualquier otra que se hubiese habilitado, con 4 magistrados (de 12 que conforman el pleno)a nombrar desde tal instancia. Analizando la realidad de España, es loable este intento de tratar a las CCAA como adultos, como entes maduros que participan de la vida y el desorden del Estado.

El TC ha sido muy eficaz en nuestra historia constitucional reciente. Parece tener sentido que, a 25 años del cierre del último Estatuto de Autonomía completo, la visión autonomista contribuya a enriquecer la jurisprudencia que, recordemos, es tanto en Política Exterior (típica competencia exclusiva del Estado), como en Agricultura (típica competencia de las CCAA, con intromisión de la UE) como en Cultura (competencia típicamente concurrente), materias situadas en diferentes lugares del orden competencial.