Involución y Sandez Constitucional

En estos días tan constitucionalmente navideños me viene rondando por la mente una noticia que apareció publicada en varios medios de comunicación hace unos años, en la que 110 expertos en Derecho Constitucional denunciaban la "involución constitucional" que estaba intentando ejercer el gobierno, por aquel entonces, del señor Aznar. Leían así un manifiesto firmado, entre otros, por catedráticos y constitucionalistas como Francisco Balaguer, Gregorio Cámara, Nicolás Sartorius y otros. Más que probablemente también se hallaban firmando en dicha declaración el actual ministro de Justicia(por poco tiempo) Juan Fernando López Aguilar, destacado constitucionalista también, y José Antonio Montilla Martos, actual catedrático de Derecho Constitucional de nuestra Universidad de Extremadura.

Era, así pues, una reflexión a viva voz sobre ciertos movimientos del gobierno de entonces, y de la que poco caso se hizo y poco se supo, en buena parte por el famoso rodillo mediático del que tantas veces hemos hablado. Denunciaba el manifiesto, entre otras cosas, el cada vez menor respeto por los derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna, la total politización de la justicia al emplearla para dirimir cuestiones políticas o el barullo organizado en torno al Plan Ibarretxe, cuestión "totalmente frontal con la Costitución y que debe ser tratada desde la más absoluta firmeza pero desde la traquilidad y el sosiego". Una llamada a la cordura en medio de la histera que suponía para algunos tener una amplia mayoría parlamentaria en soledad y no saber resolver los problemas mediante la aplicación estricta de la ley y el uso correcto y responsable de las instituciones del estado de derecho.

Precedente de esta ligereza de uso teníamos ya en D. Manuel Fraga, que enarbolaba la bandera del recurso previo de inconstitucionalidad en tiempos de Felipe González para retrasar todo lo que pudiera la entrada en vigor de cualquier ley legítimamente aprobada por el órgano represetante de la soberanía popular, Las Cortes Generales, con nulo éxito, como es lógico.

Volviendo al presente, resulta que ahora el señor Rajoy, (que en la época de este manifiesto de constitucionalistas era ministro de no sabemos qué, ya que su principal hito en los 8 años fue ostentar cuatro ministerios y una vicepresidencia primera sin despeinarse), retomando los pasos de su mentor gallego, ha presentado en sociedad 14 propuestas, a cada cual más disparatada, para reformar la Constitución y fortalecerla.

Interesante es la cuestión que se deduce de la misma propuesta: ¿Fortalecer la Constitución? ¿Cómo un partido constitucionalmente miope, que no conoce o no es capaz de interpretar el art. 87.3 (...no procederá inicitiva popular en cuestiones propias de Ley Orgánica), puede hablar de debilitamiento de la Constitución? ¿Tiene legitimidad para hablar de reforzar la Constitución un partido que previamente ha hecho caso omiso de las advertencias de los expertos, aún a sabiendas de que ni el Consejo de Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni el Tribunal Constitucional han dicho nada similar? No es demasiado ético ni demasiado adecuado entorpecer los procesos naturales de las instituciones.

Por otro lado, algunas de esas 14 reformas rayan el absurdo constitucional. Estas son, con mis básicos conocimientos de estudiante de Derecho Constitucional, las más destacadas de entre todas:

-Fijación de un núcleo de competencias exclusivas e intransferibles: política exterior, defensa, seguridad y coordinación de la gestión de crisis. (art. 149 y 93).-Clarificar las competencias del Estado en materias esenciales para garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes en temas como el urbanismo, la inmigración, etcétera (Art.149.1).

El señor Rajoy debería ver que las competencias estatales y las delegables en CCAA están perfectamente formuladas de forma esquemática y ordenada en los artículos 148 (competencias asumibles por las CCAA) y 149 (competencias exclusivas del Estado). Por tanto, señores del PP, estas cuestiones ya están fijadas. Otra interpretación de esta petición puede ser que ellos pidan que se fijen para siempre, cuestión imposible ya que, por un lado, no hay nada en la Constitución que diga que alguno de sus artículos no pueda ser reformado. Por tanto, el PP ha olvidado tanto estos artículos 148 y 149 como la integridad del Título X (De la Reforma Constitucional).

-Aprobación de una Ley de Educación que refuerce los contenidos comunes y la calidad en materia educativa y el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos, incluida la lengua en que la reciben.

Esto, a mi juicio, no es una cuestión de reformar o no la Constitución, que ya recoge en su artículo 27 todo lo concerniente a la educación, incluyendo lo que piden en esta reforma(el derecho a elegir la educación que desean para sus hijos). El término es sencillo: "Libertad de Enseñanza". Lo mejor de todo es que un señor que fue ministro de Educación (por poco tiempo, pero lo fue) parece olvidar que esa cuestión básica aparece ya recogida en el artículo. En cuanto a la supuesta "falta de libertad lingüística", cabe decir que la relación entre las lenguas del Estado viene recogida en el artículo Tercero del Título Preliminar.

En este caso también cabe otra interpretación: La propuesta de reforma constitucional por el mero hecho de haberse aprobado la LOE hace poco, por lo que hablaríamos, en primer lugar, de una reforma oportunista y partidista, y, en segundo lugar, de una mala interpretación del uso de las instituciones del estado (la vereda se acaba y el tonto sigue, como dirían en mi pueblo), ya que en lugar de promover una petición de recurso de inconstitucionalidad al TC se saltan ese paso y piden reforma directamente. Pero hay más: Si ellos creen necesaria una reforma constitucional por la aprobación de una ley, es que han olvidado todos los principios de jerarquía de las fuentes del derecho, que dicen que la Constitución es norma suprema con rango superior a la ley, por lo que, en ese caso, la fuerza pasiva de lo jerárquicamente superior (La Constitución en este caso) declararía nula dicha ley, porque lo que no sería necesaria reforma de ningún tipo.

-Recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía.

Si por un lado desoyen al TC en cuestiones de importancia y se saltan a la torera el procedimiento, por otro piden la recuperación del recurso previo, innecesario actualmente y poco práctico, ya que tenemos precedente del uso de dicho recurso como medida obstaculizadora del normal desarrollo del trabajo de las Cortes, y no como medida de garantía constitucional... Al comienzo del éscrito me remito...

Como extrapolación general, cabe decir que la persona que ahora mismo esté llevando los temas constitucionales en el PP debería volver a clase o tomar ceregumil, si es que es jurista o constitucionalista, y si no , hacer la carrera de derecho e informarse previamente para no incurrir en cuestiones innecesarias. Porque de reforma del Senado (cuestión necesaria según Fraga) o del tema sucesorio, nada de nada, pero, sandeces constitucionales, a pares.