13 de agosto de 2008

El liberalismo fiscal del gobierno socialista



Siempre he tenido una visión muy ortodoxa de lo público: Creo que los impuestos son una de las pocas realidades materiales que dan cohesión a un Estado, tenga la forma que tenga. Y, por supuesto, son fundamentales para el correcto mantenimiento de nuestro Welfare State, de ese Estado del Bienestar que tanto ha costado conseguir y que, junto con el sistema democrático, tan frágil es de mantener. Es evidente que para que los impuestos (que no son más que un sistema antiquísimo para generar situaciones tan distintas como aprovecharse del pueblo, mantener la paz social o hace madurar una sociedad) cumplan el ideal de justicia que conlleva toda intromisión del Estado en la vida de los ciudadanos, ha de estar basado en, desde mi punto de vista, dos principios y un límite al poder tributario del Estado: Generalidad, Capacidad Económica y No confiscación. En nuestro ordenamiento, todos son principios constitucionales.

Traducido al román paladino, un sistema impositivo será justo y adecuado para un correcto desarrollo de la sociedad que los paga si todo el mundo paga (salvo pocas excepciones, y sólo en figuras concretas) con arreglo al dinero y patrimonio de que dispone (más tienes, más pagas), y con el único límite de que lo que se tiene que pagar no sea tan asfixiante que impida vivir con más o menos holgura. Todos son principios más o menos relativos y difíciles de medir, de ahí que, como tantos otros principios constitucionales, puedan ser interpretados de formas tan diferentes por un gobierno conservador, liberal, socialdemócrata o comunista.

¿Cómo han de medirse estos principios desde la óptica socialdemócrata? Generando una serie de impuestos de carácter progresivo, que hagan que la capacidad económica sea directamente expresada a la hora de liquidar la figura impositiva correspondiente, y evitando un número elevado de figuras tributarias que acaten el principio de generalidad tributaria pero no respeten el principio de capacidad económica, generando desigualdades y situaciones poco proporcionales. Es decir, clarificando impuestos directos y progresivos (como el IRPF) y no propasándose en impuestos sobre el consumo (IVA, por ejemplo).

Esta es, muy resumidamente, la teoría impositiva socialdemócrata, que ha de combinarse con una eficaz gestión de los recursos para mantener un estado del bienestar de buen nivel y una idea redistribuidora que contribuya a la cohesión del país (obras públicas conectando el territorio, una sanidad y una educación públicas de un nivel más o menos homogéneo en todo el territorio, prestaciones sociales que permitan que, en momentos de dificultad para los trabajadores, el mecanismo social del "mercado intervenido" funcione, etc). La realidad es muy diferente, ya que el próximo Consejo de Ministros va a eliminar del ordenamiento el Impuesto sobre Patrimonio, con la excusa de que éste es pagado, en buena medida, por las clases medias. Una gran falacia, sin duda.

Algo menos de un millón de contribuyentes han de pagar este impuesto, lo que, sobre el total de la población española supone, aproximadamente, un 2'5%. Las clases medias suponen, en nuestro país, un 43% del total. Matemáticamente, no casa. Pero si además, miramos cual es la base imponible del mismo, nos encontramos con que hace falta tener más de 108.000 euros ahorrados y que no se vean gravados por el IRPF. Casi nada. Algo, desde luego, nada usual en las familias de clase media de nuestro país.

Observando lo recaudado por el impuesto, podemos ver que no supone demasiado sobre el total del producto que engrosa las arcas del Estado (en su vertiente autonómica). Pero forma parte de la justicia redistributiva que aquellos que, pagando o no IRPF, tengan un elevado patrimonio, aporten por ello en cumplimiento del artículo 33 de la CE, que subordina la propiedad a la función social de la misma. Y sobretodo, porque, si no va a haber recorte de gasto social, los ingresos deberán mantenerse, por lo que TODOS habremos de pagar más por algún sitio salvo que se apliquen nuevas medidas de ahorro.

Y ahora, en momentos de crisis en los que las personas de elevado patrimonio son los que menos problemas tienen, se nos vende esta medida falsa y antisocial como una de las panaceas para la crisis. De alucine, sí señor. De Esperanza me lo espero y lo comprendo. De Zapatero, ni me lo esperaba ni mucho menos lo entiendo. Porque la devolución de los 400 euro vía IRPF o lo de los 2.500 euros por bebé, si bien no era progresivo, al menos beneficiaba a todo el mundo. Pero esta medida sólo beneficia a las grandes fortunas del país.

PD: Lo peor de todo es que eliminar un impuesto sale, a la larga, carísimo, ya que es prácticamente imposible de volver a colocar en el ordenamiento, dadas las consecuencias políticas que conllevaría:Un furibundo ataque de la oposición (sea la que sea) y una salida del gobierno.

2 comentarios:

Paco Centeno dijo...

Hola José Antonio,
No puedo estar más de acuerdo contigo: la eliminación del impuesto sobre el patrimonio beneficia a la clase media muy alta y a la "superior". Me preocupa más, mucho más, saber las razones y motivos reales por los que un gobierno socialista emprende una acción de este tipo, además,a sabiendas de que no hay vuelta atrás. ¿Tienes idea de esas razones?.
Un saludo

José Antonio Gil Celedonio dijo...

Tengo un profesor de Derecho Admvo. que siempre dice que hay toda una motivación oscura detrás de no sólo cada cambio legislativo, sino también detrás de casi cualquier acción administrativa que esté dirigida por un político.

Aplicando ese análisis, te planteo, tú que eres un hombre de ciencias, que calcules cuándo ganan ciertos cargos públicos al año, y multiplícalo por el número de años en ejercicio.

A pesar de esta maldad, que creo absurda (ya que, aun con mucho patrimonio obtenido lícitamente, apenas habrían de pagar nada tras la liquidación), estoy de acuerdo contigo sólo en parte: Ni siquiera la Clase Media más alta pagará este impuesto, y sólo los sujetos jurídicos poseedores de un amplísimo patrimonio pagarán una cifra considerable dada la progresividad del impuesto.

En fin, un trágala más.