Resulta que se descubre un caso de corrupción urbanística en el Partido Socialista de Ciempozuelos. El alcalde y el anterior alcalde se ven salpicados, y son expulsados del partido y oblligados a dimitir de sus responsabilidades. Es una perfecta muestra del talante que el PSOE está tomando con los casos de corrupción urbanística: Dando ejemplo.
Jueces, fiscales e instituciones se ponen a la obra, gracias a la creación de unidades especiales anticorrupción, y a la actitud de la vicepresidenta. Por ello, se decide lanzar un plan contra estos hechos, que minan toda la credibilidad de la clase política, y se pretende consensuar por el Partido Popular.
Pero, en su habitual táctica política, el PP dice No, ya que no se siente ni responsable ni aludido por los términos del Plan, ya que "son los socialistas lo que tienen gente en la cárcel".
Pero el PP parece que no siente suyo a Romero de Tejada, al concejal de los 11.000 millones de Tres Cantos(Antonio Reino Cortés), al alcalde de Orihuela, al alcalde de Torrevieja,Pedro Hernández Mateo, procesado por tráfico de influencias, a aquella famosa concejala de Telde,María Antonia Torres, concejal de urbanismo de Telde en Gran Canaria, y ex consejera del Cabildo Insular del PP, detenida y procesada por cohecho, estafa, tráfico de influencias, y prevaricación.... Incluso parece no consideran suyos a Aznar y a Ana Botella, que tienen un inmueble en una urbanización ilegal de Marbella. Pero claro, todo esto son minucias, como dice Ana Botella.
Tampoco parecer recordar a Antonio Miguel Méndez Pozo, empresario de la construcción afiliado al PP y amigo personal de José María Aznar, condenado por estafa. O a Gabriel Cañellas, único presidente de comunidad autónoma -Baleares-, condenado hasta la fecha por cohecho y prevaricación. O a Máximo Labanda, empresario constructor militante del PP, condenado por intento de secuestro. O de los 11.000 euros de nada de Cristina Herrera, concejala de Urbanismo en Badajoz.
O a Ana María Magallares, alcaldesa de Chinchón, condenada por prevaricación continuada. O a Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva, procesado por prevaricación.
Y sobre todo, parecen no recordar una de sus cláusulas del Código Ético tan famoso que esgrimían en época de González: Dar de baja en militancia a todos los que estuvieran relacionados con algún delito, condenados o procesados.
Realmente Vergonzoso.
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