Me hubiese gustado estar en Sevilla.

Anteayer, el doble premiado con Nobel y Príncipe de Asturias Al Gore, el que tendría que haber sido el sucesor de Clinton como habitante de la White House (la de problemas que nos habríamos ahorrado en el mundo), presentó su programa medioambiental ante 200 personalidades (o no tanto) del país, para hacerlos embajadores de sus ideas, su programa "Clima".

Si bien tiene un tinte mesiánico que no me gusta demasiado, creo que Al Gore está concienciando, poco a poco, lugar a lugar, y, por supuesto, con mucho dinero de por medio, a la población de algo que ocurre, digan lo que digan algunos que aspiran a gobernar: El clima está cambiando y quizá tenemos mucho más de ver en ello de lo que nosotros creemos.

Que el clima está cambiando no es nuevo. Sólo con tomar un manual cualquiera de Prehistoria podemos observar como dividimos el tiempo del momento en torno a cuatro momentos glaciales y a sus periodos interglaciares, es decir, en torno a cuatro cambios climáticos que asolaron la tierra. Por tanto, siempre he creído que negar tal cuestión es algo demasiado temerario, cuando no directamente infame y estúpido.

Lo que sí me parece interesante es el debate sobre si el ser humano y su actividad son capaces de acelerar y/o condicionar tales cambios, contraviniendo la propia tendencia natural. A pesar de la disparidad de los estudios científicos que podemos encontrar al respecto, creo que sólo la simple idea de que sea cierto debe hacernos reflexionar globalmente, y debe hacer que los estados tomen medidas, que, seguramente, nos serán mucho más sanas como conjunto. Y he ahí la importancia de Gore y su programa, que, además, podríamos entender en clave política, aunque todas las fuentes lo niegan. En todo caso, quién hubiera podido estar en Sevilla viendo al Nobel, intercambiando opiniones sobre un hecho tan interesante como trascendental para nuestro futuro.

El TC se muere.

Nos estamos cargando el Tribunal Constitucional. Mejor dicho, se lo están cargando. Desde que comencé a aprender sobre esto del Derecho Constitucional algo me quedó muy claro: El Tribunal Constitucional, Alta Institución del Estado de carácter garantista y aclarador en su jurisprudencia, dedicado a resolver conflictos positivos y negativos de competencia, a ser la garantía jurisdiccional última de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a resolver sobre la constitucionalidad o no de las leyes, etc... está formado por expertos en esta materia, con cualificación técnica lo suficientemente elevada como para poder trabajar fuera del arbitrio político, y además de forma independiente de los otros tres poderes clásicos, si bien vinculado en pro de los intereses generales del estado a ellos.

Pérez Royo, Aja y otros muchos defienden que la mayor virtud ejecutiva del TC era su respetabilidad, su honorabilidad, su buen nombre y su carácter puramente técnico, sin más medida que su doctrina en forma de sentencias, autos, etc...

Pero hoy, tras haber sido recusados la presidenta y el vicepresidente de la institución, tras haberse "cargado" al insigne Pérez Tremps, tras recusar el gobierno a dos magistrados conservadores, el PP anuncia que recusará a otros tres magistrados más. O sea, que de 12 magistrados nos quedamos en 5, ni más ni menos, un número insuficiente legalmente para que se pueda trabajar, y moralmente según mi criterio.

El TC está muerto gracias a los políticos de nuestro país. Deberíamos reflexionar si esto es lo que queremos. Y lo que es más importante: Cómo lo solucionaremos.

Legitimidades.

Una vez más los salvapatrias parecen encontrar la solución de todos los problemas con algo tan simple como el autoritarismo arbitrista. Rajoy, aquel que algunos llamaron en su día "patriota de hojalata", y que viene haciendo declaraciones de dudoso patriotismo jurídico allá por donde va, se queda tan ancho después de decir que el presidente del gobierno debe instar al presidente de una comunidad autónoma a que dimita para así solucionar los problemas.

Al leer cosas así cabe plantearse muchas cosas. Está claro que la consulta que Ibarretxe plantea es, a todas luces, inconstitucional, y por tanto, ilegal. Por ello, ante una ilegalidad flagrante de tipo jurídico y político como esta sólo cabe una respuesta por parte del gobierno: Instar a las instancias competentes a que impidan dicha cuestión que se sale de nuestro ordenamiento, dejando actuar al poder Judicial y al TC, y recurriendo, como apuntan algunos, pero tan sólo si fuese estrictamente necesario, al famoso artículo 155.1 de nuestra Constitución. Firmeza, toda la del mundo, pero siempre dentro de la racionalidad.

Por ese artículo 155.1 se da prerrogativa al Gobierno de España para actuar en la CA correspondiente. Hasta ahí todo bien según el razonamiento de Rajoy, pero... ¿Es democrático instar a que un presidente de Comunidad Autónoma dimita si ha sido apoyado mayoritariamente en las urnas? ¿Sería democrático tumbar a Ibarretxe, después de haber planteado esta serie de cuestiones (que no son nuevas) antes de unas elecciones del País Vasco en las que resultó mayoritariamente elegido(si bien con menos apoyo)? A mi juicio, y siguiente el propio artículo 1 de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo, y es el pueblo el que, si Ibarretxe continúa en esta senda tan peligrosa como electoralista, debe tomar la decisión de decidir si "está a la altura del cargo". Al presidente del Gobierno le corresponden otras cuestiones, no la de socavar el ámbito autoorganizativo de las autonomías.

Una vez más, el problema de la legitimidad en el poder. En este caso, ambos presidentes son legítimos y deben actuar en el marco de sus atribuciones y competencias como tales, sujetos, como es normal en nuestro Estado de Derecho, a los contrapesos y a los seguros que sustentan la maquinaria de los Poderes del Estado, sin más límite formal que esos, y sin más límite material que el voto de los electores.

Ibarretxe se mete en derivas soberanistas, y el Estado de Derecho en su conjunto lo detendrá con sus herramientas. Pero andar metiéndose en cuestiones de legitimidad democrática no beneficia precisamente ni al sistema ni a su propia arquitectura constitucional.

De la legitimidades de Imaz e Ibarretxe sobre la agenda política del PNV hablaremos en otro momento.