A propósito de la discusión sobre la jurisprudencia.

En el blog del Geógrafo Subjetivo llevamos varios días discutiendo sobre el marchito artículo 1 del Código Civil vigente, y especialmente, sobre el valor que tiene la jurisprudencia como fuente del derecho. Personalmente, estoy absolutamente a favor de la premisa que la considera como tal, por razones que muy bien allí se han debatido y por otras, entre las que destacaré una muy sencilla, que explicita muy bien la gran importancia que tiene la jurisprudencia para entender el ordenamiento jurídico interno español a día de hoy.

El ordenamiento jurídico español de hoy no es, desde luego, ni tan siquiera parecido al que era entonces, en 1879. Hoy nos encontramos ante un estado fuertemente descentralizado, en el que niveles territoriales subestatales tienen buena parte de las competencias y del hacer legislativo, tradicionalmente situado en las Cortes Generales, y España se encuentra sometida a obligaciones de carácter internacional y supranacional como consecuencia de su pertenencia a múltiples Organizaciones Internacionales y a la Unión Europea.

Todo este cambio de realidad se ha visto reflejado en unas normas de carácter positivo, que, sin embargo, no han sabido aclarar en todo lo posible los múltiples conflictos en aplicación de esas leyes. Y de ahí que múltiples ámbitos jurídicos se han desarrollado pretorialmente (como diría Häberle), gracias a la jurisprudencia: La jurisprudencia constitucional ha sido capaz de dar sentido a nuestro estado, a nuestro sistema de las autonomías, entre otras muchas cosas, dada la parquedad con que, a veces, se escribieron los artículos de la Constitución. Y el Derecho Comunitario, que es nuestro propio ordenamiento jurídico en tanto que los Reglamentos comunitarios y ciertas normas contenidas en directivas tienen primacía ante la ley española e incluso efecto directo: Las grandes Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han sabido medir, ponderar y equilibrar el sentido de la norma. Van Gend En Loos, Francovich, Simmenthal, Marshall o Cassis de Dijon son grandes ejemplos de la construcción jurisprudencial de la coherencia del ordenamiento jurídico, de grandes conceptos fundamentales para entender la forma de organizar la sociedad y las relaciones entre sus distintas partes, el derecho en sí mismo.

No son meras normas complementarias, que actúan como ayuda en reiterada aplicación. Son verdaderas fuentes del derecho, en tanto organizan, modulan y clarifican las normas jurídicas, fuente fundamental y primordial desde el punto de vista positivo.

¿Indocumentados? Sobre la formación de nuestros Gobiernos.

Una de las ideas-fuerza que no falta en el argumentario de los sectores más beligerantes con el gobierno actual, y que el propio Rajoy ha reproducido alguna vez en actos públicos y de partido, es aquella que califica al Gobierno como indocumentado y/ iletrado, azuzados por la derecha ultramontana que habita en las cavernas mediáticas. Es, como otros tantos argumentos que se lanzan diariamente en la prensa, de naturaleza más bien endeble fácilmente rebatible con la más mínima medición de datos objetivos.

Tirando del magnífico diccionario de la Real Academia Española, considero que la acepción de "indocumentados" más correcta para lo que los conservadores quieren expresar es la cuarta que aparece, aquella que quiere señalar a alguien inculto o ignorante, que conecta con la definición usual de "iletrado". Por ello, y dado que considero que la España democrática no ha tenido un solo gobierno de indocumentados, ni mucho menos.

El método para corroborar la hipótesis ha sido, ante todo, uno que ha querido medir variables lo más objetivas para refrendar la negativa a la definición antes dada. Desde un punto de vista lógico, la mejor forma de medir la posible indocumentación de alguien es ver su situación académica y profesional, puesto que hay ciertas profesiones en las que la lectura, la investigación y las capacidades de raciocinio y análisis del mundo se presuponen. Para ello, he mirado, fundamentalmente, el nivel académico de los miembros de 4 de los gobiernos de la democracia, asignando los siguientes valores a las diferentes situaciones personales que corroborarán o no la falta de cultura o el exceso de ignorancia:

Sin estudios: 1
Estudios Universitarios (Diplomaturas y licenciaturas): 2
Doctorado: 3

Además, para corregir en lo posible las marcas personales, se añadirá 0'5 más por carrera adicional, 0'5 más por ser funcionario en un cuerpo de nivel A1 (el antiguo A) y 0'5 más por cada doctorado adicional. Podríamos valorar otros méritos, pero dado que estos son los más objetivos que se me ocurren, ya que hay que estar formado y haber leído para tenerlos. Podemos entrar en el debate del valor de diferentes másters, diplomas avanzados, estancias en el extranjero o puestos en corporaciones y empresas privadas, pero la gran variedad de los primeros y la falta de objetividad relacionada con los términos analizados al principio de los últimos me ha hecho no considerarlos a la hora de hacer la enumeración.

He escogido para la tabla estadística diferentes gobiernos, considerando exclusivamente su composición en el día de su constitución, sin tener en cuenta los cambios que son corrientes a lo largo de los cuatro años oficiales (y a veces menos) que tienen nuestras legislaturas. Los gobiernos han sido: I Legislatura (1979), III Legislatura (1986), VI Legislatura (1996)y VIII legislatura (2004). Tras contabilizar los parámetros, los resultados son los siguientes:

*Se contabilizan los miembros de los que se tienen datos, presidentes incluídos. Se han excluido aquellos de los que, o no se tenían datos (como Carlos Romero, III Legislatura) o no eran fiables.

Los datos son, desde luego, esclarecedores. Y reafirman mi posición frente a quienes hablan de iletrados y bachilleres. El Gobierno de 2004 es uno de los mejores, académicamente y/o profesionalmente hablando, de la historia de España. Otras cosas son su nivel de gestión, su nivel de competencia o sus aciertos y errores políticos. Estos parámetros merecen unas críticas determinadas, sí. Pero, objetivamente, y con datos, no estamos ante un gobierno de indocumentados, sino todo lo contrario. Quien quiera seguir en la línea, que lo demuestre en base a datos objetivos. Porque el número de libros leídos, las declaraciones públicas, los "antes partía que doblá" y otros juicios de valor no me valen.

Fuentes: Páginas web de ministerios, de universidades, wikipedia y otras. Tabla de elaboración propia.