Ayer estuve buena parte de la mañana escuchando el debate monográfico de las Cortes sobre economía mientras hacía algo parecido a estudiar. En general, el eje del debate fue el izquierda-derecha, agrupándose PP y CIU en este último y otros partidos (UPyD, IU-ICV, ERC) en el primero, mientras que Zapatero se definía como "centrista y pragmático fiscal". No haré comentarios sobre este último tema.
No obstante, los argumentos más repetidos por los grupos de derecha fueron los obsesivos mantras del odio al deficit y la petición del recorte de gasto público (desde mi punto de vista algo contraproducente cuando el gasto privado está bajo mínimos), bajo la idea económica de contener el estado deficitario de las arcas públicas sin la necesidad de elevar ciertos impuestos, que, supuestamente, afectan sobre todo a las clases medias (pero ese es otro debate que quiero retomar otro día).
Pero CiU patinó considerablemente al preguntar Zapatero a Durán qué gastos recortaría. El portavoz convergente, al que yo considero moderado, reflexivo y bastante coherente, volvió a sacar el tema de eliminar ministerios que no tiene competencias porque han sido transferidas a las Comunidades Autónomas y eliminar la Administración periférica del Estado. Un argumento supuestamente económico (que no ahorraría mucho porque, básicamente, se componen de funcionarios, que no se pueden suprimir sino reubicar) que es una demanda constante los nacionalismos periféricos de profunda carga ideológica: Eliminar ministerios clave que no controlen las bases mínimas que hacen del Estado un estado.
Es recurrente que digan una barbaridad constitucional, como es la petición de la supresión del Ministerio de Cultura "dada la realidad pluricultural de España". Es imposible, según tal razonamiento, una política cultural nacional, una política cultural integral del Estado, porque oprime y suprime las demás culturas. Una patraña bien grande: precisamente la cultura es una materia cuyo reparto competencial es diferente al de otras, al establecer la Constitución que se trata de una materia sobre la cual las administraciones de los diferentes niveles territoriales de nuestro Estado pueden legislar y actuar indistintamente, porque redunda en el beneficio a los ciudadanos. Esto es, se trata de sumar, no se suprimir. Se trata de que en lugar de una biblioteca en mi localidad haya varias, con diferentes fondos y conectadas entre sí y con otras de otros lugares, no una sola. Se trata de que desde el Ministerio hasta los Rectores puedan fomentar la cultura, pensando que cuanto más, mejor.
Esa posibilidad del nacimiento de una idea de cultura nacional les repele, se les hace incompatible con su culturocentrismo, por así decirlo, porque no entienden que la pluralidad es lo que precisamente defiende la Constitución, y no lo contrario. Y yo, desde luego, no quiero que el Museo del Prado, una de las mayores y mejores pinacotecas del mundo, pase a depender de la CAM (horror) o, aún menos, del Ayuntamiento. Yo no quiero que se deje de coordinar la política cultural (tan relevante en términos de soft power en las relaciones internacionales) o la política lingüística hacia el exterior de España. Y yo, desde luego, no quiero que desaparezca la red de bibliotecas del Estado.
No obstante, los argumentos más repetidos por los grupos de derecha fueron los obsesivos mantras del odio al deficit y la petición del recorte de gasto público (desde mi punto de vista algo contraproducente cuando el gasto privado está bajo mínimos), bajo la idea económica de contener el estado deficitario de las arcas públicas sin la necesidad de elevar ciertos impuestos, que, supuestamente, afectan sobre todo a las clases medias (pero ese es otro debate que quiero retomar otro día).
Pero CiU patinó considerablemente al preguntar Zapatero a Durán qué gastos recortaría. El portavoz convergente, al que yo considero moderado, reflexivo y bastante coherente, volvió a sacar el tema de eliminar ministerios que no tiene competencias porque han sido transferidas a las Comunidades Autónomas y eliminar la Administración periférica del Estado. Un argumento supuestamente económico (que no ahorraría mucho porque, básicamente, se componen de funcionarios, que no se pueden suprimir sino reubicar) que es una demanda constante los nacionalismos periféricos de profunda carga ideológica: Eliminar ministerios clave que no controlen las bases mínimas que hacen del Estado un estado.
Es recurrente que digan una barbaridad constitucional, como es la petición de la supresión del Ministerio de Cultura "dada la realidad pluricultural de España". Es imposible, según tal razonamiento, una política cultural nacional, una política cultural integral del Estado, porque oprime y suprime las demás culturas. Una patraña bien grande: precisamente la cultura es una materia cuyo reparto competencial es diferente al de otras, al establecer la Constitución que se trata de una materia sobre la cual las administraciones de los diferentes niveles territoriales de nuestro Estado pueden legislar y actuar indistintamente, porque redunda en el beneficio a los ciudadanos. Esto es, se trata de sumar, no se suprimir. Se trata de que en lugar de una biblioteca en mi localidad haya varias, con diferentes fondos y conectadas entre sí y con otras de otros lugares, no una sola. Se trata de que desde el Ministerio hasta los Rectores puedan fomentar la cultura, pensando que cuanto más, mejor.
Esa posibilidad del nacimiento de una idea de cultura nacional les repele, se les hace incompatible con su culturocentrismo, por así decirlo, porque no entienden que la pluralidad es lo que precisamente defiende la Constitución, y no lo contrario. Y yo, desde luego, no quiero que el Museo del Prado, una de las mayores y mejores pinacotecas del mundo, pase a depender de la CAM (horror) o, aún menos, del Ayuntamiento. Yo no quiero que se deje de coordinar la política cultural (tan relevante en términos de soft power en las relaciones internacionales) o la política lingüística hacia el exterior de España. Y yo, desde luego, no quiero que desaparezca la red de bibliotecas del Estado.
Olvidan que el fundamento del Estado autonómico es unidad y autonomía, colaboración y cooperación entre Estado central y CCAA. Porque, a este paso, los nacionalistas acabarán pidiendo sólo tres o cuatro grandes ministerios, que se dediquen básicamente a no hacer nada más que garantizar la defensa, la normalidad de la política interior, las relaciones internacionales y ciertas políticas económicas. Y ese no es el Estado que yo quiero.