De Juana: Historia de un suma y sigue

El caso del etarra Iñaki de Juana Chaos me parece cada día más rocambolesco. Después de la lata que dio hace ya un par de años (más o menos), y los amplísimos ríos de tinta que circularon por nuestras vidas sobre gobiernos traidores, paseos junto a su novia, huelgas de hambre y demás, pueden volver a reeditarse de seguir así la cosa. Ahora parece que vive cerca de sus víctimas, y, claro, no parece ser ético. El eterno debate sobre ética y derecho, sobre lo visceral y lo racional.

No obstante, por encima de morales, éticas y demás fundamentos de la personalidad, la petición de las víctimas del terrorismo de evitar que De Juana resida cerca de personas afectadas por la masacre terrorista (bien es cierto que, en sentido amplio, debería entonces irse del País Vasco, puesto que a mi parecer todos los ciudadanos de esa CA son víctimas en mayor o menor medida) desborda nuestro ordenamiento. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, que es desde el que debe actuar el poder judicial en pro de las garantías ciudadanas y, en menor medida, la administración (entiéndase el término en forma general), si un tribunal o una administración pública cualesquiera obligasen a De Juana a hacerlo, estarían actuando sin ajustarse a derecho, ya que violarían atropelladamente el 19 de nuestra Constitución. Ha hecho bien Rubalcaba en asegurarlo así a la AVT, le pese a quien le pese y ocurra lo que ocurra, ya que lo peor que le podría pasar al Estado sería violar así el ordenamiento, de tal modo que desde instancias judiciales internacionales se acusase al Estado de lo mismo que a ETA: Violar derechos fundamentales. ¿Es un asesino De Juana? Sí. ¿Ha cumplido sus penas? También. ¿Ha de seguirse con él la observancia total de la ley? Por supuesto.

Y es que eso era, desde mi humilde punto de vista "jurídico", lo que pretendía la asociación de víctimas al solicitar un decreto retroactivo para tal cuestión, vulnerando, además del 19 CE, la célebre irretroactividad de actos desfavorables que lesionen los derechos fundamentales, dado que lo que permite el Código Penal vigente no le es aplicable al terrorista que centra la polémica.

La solución que se ha solicitado desde la fiscalía, un alzamiento de bienes para hacer frente a las deudas que tiene el susodicho por el impago de las indemnizaciones a las víctimas, es un excelente método para procurar salvar, desde la legalidad, una situación que parece poco aceptable moralmente. Pero como todo esto es una cuestión de derecho privado (foral, además), no me meto. En todo caso, dura lex sed lex est.

A Rubalcaba, una vez más, le toca ser, frente a personalidades y personas muy hostiles con el gobierno, el "poli malo". Todo es cuestión de pedagogía: Hay que enseñar a la ciudadanía que, por muy deplorables que sean ciertas cuestiones de nuestra vida diaria, el Gobierno está sometido a la ley, y no puede saltársela. Tampoco es omnímodo, y, desde luego, no tiene la culpa de todo en este mundo globalizado en que vivimos.

PD: De balanzas fiscales y financiación autonómica ya hablaremos. Ahora toca descansar, que mañana comienza el X Congreso Regional del PSOE de Extremadura, y hay que madrugar.