Ayer estuve buena parte de la mañana escuchando el debate monográfico de las Cortes sobre economía mientras hacía algo parecido a estudiar. En general, el eje del debate fue el izquierda-derecha, agrupándose PP y CIU en este último y otros partidos (UPyD, IU-ICV, ERC) en el primero, mientras que Zapatero se definía como "centrista y pragmático fiscal". No haré comentarios sobre este último tema.
No obstante, los argumentos más repetidos por los grupos de derecha fueron los obsesivos mantras del odio al deficit y la petición del recorte de gasto público (desde mi punto de vista algo contraproducente cuando el gasto privado está bajo mínimos), bajo la idea económica de contener el estado deficitario de las arcas públicas sin la necesidad de elevar ciertos impuestos, que, supuestamente, afectan sobre todo a las clases medias (pero ese es otro debate que quiero retomar otro día).
Pero CiU patinó considerablemente al preguntar Zapatero a Durán qué gastos recortaría. El portavoz convergente, al que yo considero moderado, reflexivo y bastante coherente, volvió a sacar el tema de eliminar ministerios que no tiene competencias porque han sido transferidas a las Comunidades Autónomas y eliminar la Administración periférica del Estado. Un argumento supuestamente económico (que no ahorraría mucho porque, básicamente, se componen de funcionarios, que no se pueden suprimir sino reubicar) que es una demanda constante los nacionalismos periféricos de profunda carga ideológica: Eliminar ministerios clave que no controlen las bases mínimas que hacen del Estado un estado.
Es recurrente que digan una barbaridad constitucional, como es la petición de la supresión del Ministerio de Cultura "dada la realidad pluricultural de España". Es imposible, según tal razonamiento, una política cultural nacional, una política cultural integral del Estado, porque oprime y suprime las demás culturas. Una patraña bien grande: precisamente la cultura es una materia cuyo reparto competencial es diferente al de otras, al establecer la Constitución que se trata de una materia sobre la cual las administraciones de los diferentes niveles territoriales de nuestro Estado pueden legislar y actuar indistintamente, porque redunda en el beneficio a los ciudadanos. Esto es, se trata de sumar, no se suprimir. Se trata de que en lugar de una biblioteca en mi localidad haya varias, con diferentes fondos y conectadas entre sí y con otras de otros lugares, no una sola. Se trata de que desde el Ministerio hasta los Rectores puedan fomentar la cultura, pensando que cuanto más, mejor.
Esa posibilidad del nacimiento de una idea de cultura nacional les repele, se les hace incompatible con su culturocentrismo, por así decirlo, porque no entienden que la pluralidad es lo que precisamente defiende la Constitución, y no lo contrario. Y yo, desde luego, no quiero que el Museo del Prado, una de las mayores y mejores pinacotecas del mundo, pase a depender de la CAM (horror) o, aún menos, del Ayuntamiento. Yo no quiero que se deje de coordinar la política cultural (tan relevante en términos de soft power en las relaciones internacionales) o la política lingüística hacia el exterior de España. Y yo, desde luego, no quiero que desaparezca la red de bibliotecas del Estado.
No obstante, los argumentos más repetidos por los grupos de derecha fueron los obsesivos mantras del odio al deficit y la petición del recorte de gasto público (desde mi punto de vista algo contraproducente cuando el gasto privado está bajo mínimos), bajo la idea económica de contener el estado deficitario de las arcas públicas sin la necesidad de elevar ciertos impuestos, que, supuestamente, afectan sobre todo a las clases medias (pero ese es otro debate que quiero retomar otro día).
Pero CiU patinó considerablemente al preguntar Zapatero a Durán qué gastos recortaría. El portavoz convergente, al que yo considero moderado, reflexivo y bastante coherente, volvió a sacar el tema de eliminar ministerios que no tiene competencias porque han sido transferidas a las Comunidades Autónomas y eliminar la Administración periférica del Estado. Un argumento supuestamente económico (que no ahorraría mucho porque, básicamente, se componen de funcionarios, que no se pueden suprimir sino reubicar) que es una demanda constante los nacionalismos periféricos de profunda carga ideológica: Eliminar ministerios clave que no controlen las bases mínimas que hacen del Estado un estado.
Es recurrente que digan una barbaridad constitucional, como es la petición de la supresión del Ministerio de Cultura "dada la realidad pluricultural de España". Es imposible, según tal razonamiento, una política cultural nacional, una política cultural integral del Estado, porque oprime y suprime las demás culturas. Una patraña bien grande: precisamente la cultura es una materia cuyo reparto competencial es diferente al de otras, al establecer la Constitución que se trata de una materia sobre la cual las administraciones de los diferentes niveles territoriales de nuestro Estado pueden legislar y actuar indistintamente, porque redunda en el beneficio a los ciudadanos. Esto es, se trata de sumar, no se suprimir. Se trata de que en lugar de una biblioteca en mi localidad haya varias, con diferentes fondos y conectadas entre sí y con otras de otros lugares, no una sola. Se trata de que desde el Ministerio hasta los Rectores puedan fomentar la cultura, pensando que cuanto más, mejor.
Esa posibilidad del nacimiento de una idea de cultura nacional les repele, se les hace incompatible con su culturocentrismo, por así decirlo, porque no entienden que la pluralidad es lo que precisamente defiende la Constitución, y no lo contrario. Y yo, desde luego, no quiero que el Museo del Prado, una de las mayores y mejores pinacotecas del mundo, pase a depender de la CAM (horror) o, aún menos, del Ayuntamiento. Yo no quiero que se deje de coordinar la política cultural (tan relevante en términos de soft power en las relaciones internacionales) o la política lingüística hacia el exterior de España. Y yo, desde luego, no quiero que desaparezca la red de bibliotecas del Estado.
Olvidan que el fundamento del Estado autonómico es unidad y autonomía, colaboración y cooperación entre Estado central y CCAA. Porque, a este paso, los nacionalistas acabarán pidiendo sólo tres o cuatro grandes ministerios, que se dediquen básicamente a no hacer nada más que garantizar la defensa, la normalidad de la política interior, las relaciones internacionales y ciertas políticas económicas. Y ese no es el Estado que yo quiero.
6 comentarios:
Jose A. llevo tiempo buscando un momento y lo encontré. A los nacionalistas habría que recordarles de cuando en cuando, más que nada por centrar el tema, que el Estado y su estructura nacen de la Constitución, ley básica y Fundamento de todo y que las Autonomías son sencillamente un derecho de cada Región a autogobernarse dentro del marco constitucional, que en suma no es más que una descentralización territorial del Estado, pero que eso no les autoriza, ni por asomo, a proclamarse ellas estados. No, ellas (CC.AA) son una extensión del Estado, haber si se enteran de una puñetera vez.
El sentir general, por lo menos entre la gente que conozco de izquierdas y derechas, es que a lo mejor ya es hora de que el estado recupere ciertas competencias que se delegaron en las Comunidades con la idea de la descentralización del poder y el acercamiento de los servicios al ciudadano.En concreto, el retorno de sanidad y educación. Ya sé que esta idea es una de las bases del partido de Rosa Díez de la cual todos conocemos su "coherente" trayectoria política. Pero en este asunto creo que sería un acierto que el PSOE, como partido de izquierdas cuya máxima aspiración es la igualdad en todos los sentidos,valientemente propusiera la recuperación de estos dos pilares de nuestra nación. La construcción de una sociedad más justa e igualitaria comienza por una buena educación y el acceso a una sanidad pública de calidad y eso desde mi punto de vista lo tiene que garantizar y gestionar el Gobierno de España. Ya se que se dirá que eso sería echar leña a los nacionalismos y que se nos castigaría en Cataluña,pero a medio plazo sería beneficioso electoralmente para el PSOE y lo que es más importante para la igualdad de todo el resto que no nos sentimos parte de una nación autonoma, ni de una realidad nacional, ni de una nacionalidad histórica, ni de un estado libre asociado solo ciudadanos de un Estado de Derecho como es España.
Hola,
Estoy de acuerdo contigo, no creo que suprimir ciertas administraciones (territoriales, corporativas, o del género que sea) sea una panacea para aliviar el déficit de aquellas.
Ahora bien, me gustaría matizar que considero un error identificar disminución del gasto público (esto es, de las partidas presupuestarias) con una menor inversión pública o influjo de capital público en la economía de un país, ya sea ofreciendo servicios u operando a nivel tributario, como contratista, etc etc.
Una disminución del gasto público puede ser perfectamente racionalizar el gasto de las Adminsitraciones Públicas de forma más coherente a los fines que persiguen éstas, que no son distintos del único e inamovible interés general. Por ejemplo, seguro que conoces la mecánica de pagos de la mayoría de las administraciones en materia de contratos administrativos. Las prerrogativas exorbitantes de las Administraciones les permite pagar en unas condiciones muy cómodas (hasta 6 meses después de, por ejemplo, recibiba una obra fruto de un contrato de obra- aunque se hayan emitido certificados- no tiene obligación de pagar; pero además tiene un plazo adicional para que empiecen a devengarse intereses). Sin embargo, las Administraciones, en especial las locales y autonómicas, son, casi casi, desgraciadamente, por definición, morosas.Eso devenga intereses que no tendría porqué pagar.
Igualmente conoces que la directiva europea que incopora la nueva LCSP de 2007 en materia de adjudicación de contratos se cumple "de aquella manera". Los grupos empresariales concurren con distintas empresas del mismo grupo a la Junta de Calificación y de la misma manera lo hacen a la licitación del proyecto. Sabes, por tanto, que aunque en la letra se respeta la Ley, en la realidad los ciudadanos pagamos obra pública que no se contrata realmente con la oferta más ventajosa, sino con la oferta que realiza quién más amigo es del responsable de la adjudicación 8que no singularizo por la compleja relación sobjetiva que hace la LCSP).
Sin ánimo de ser más plasta, podría poner MUCHOS más ejemplos de actuaciones negligentes de la Administración que nos cuestan dinero, como en materia de urbanismo, cuando simplemente se "oye" al Consejo de Estado- u órgano equivalente autonómico- pero no se argumenta por qué se distancia el plan del dictamen, y luego un grupo de ciudadanos reclama ante lo C-A, gana, y se debe proceder al derribo de algunas edificaciones; en fin, como he dicho, multitud de ejemplos de un mal funcionamiento de las Adminsitraciones Públicas que nos cuesta dinero sin que haya una responsabilidad directa por parte de los Adminsitradores más que en la letra de la Ley, ya que es inexistente en la práctica.
De igual modo, en forma de complemento, cito el alto coste que nos supone la amarga proliferación de personal auxiliar, complementario, de confianza, de libre designación o llámese como se quiera, en materia de salarios y dietas.
En ambos casos, no me sirve el argumento de que sobre los administradores ya pesa la censura electoral. Un voto en unas elecciones no sirve como control y fiscalización efectiva ni del gasto público ni de su buen uso, porque un voto encierra demasiados elementos a valorar, esto es, un socialista convencido puede no estar de acuerdo con la política de gasto de su ayuntamiento por saltarse deliberadamente los rpocedimientos que la jurisprudencia considera "no invalidantes" pero que son moralmente reprochables, y continuar votando a los socialistas porque ese Ayuntamiento fomenta las asociaciones LGTB de las que forma parte.
En fin, creo que sí es necesario un mayor control ciudadano, una mayor transparencia en las cuentas públicas y un mejor uso del dinero público. Y eso significa reducir gasto público aumentando la eficiencia, no reducir la nversión pública.
Perdón por el tochazo, me ha aprecido un tema interesante el escogido XDXDDDDD
En realidad lo de la supresión de ministerios sería valorable solo respecto a ministerios que no tienen competencias en ningún lado (lease el de igualdad que valdría con una consejería) el problema de la descentralización del gasto no son los ministerios cuyos funcionarios al fin y al cabo habría que reubicar, sino todos los cargos de libre designacion, consejeros, consejeros delegados y consejerillos que genera esta descentralización
y efectivamente como dice graimito, ellos saben que están cubiertos por un voto clientelar que aunque pueda alguna vez quejarse no le va a retirar la confianza.
Yo acabo de ser testigo de tres meses de obras en la ciudad de Sevilla en la que vivo, nos han tenido todo el verano Sevilla levantada de punta a punta.
Pues bien, cuando en noviembre empezaron las lluvias Sevilla se convirtió en Venecia, los baldosines se caen o se rompen, los desagues no estan nivelados...etc
Y aunque se oyen algunas voces critícas a ese dispendio inutil, yo estoy convencida de que volverán a votar al mismo partido por que votar a otro es cambiarse de bando.
No se juzga la gestión sino la secta a la que perteneces
Jose Antonio, hace tiempo que sigo el blog. Enhorabuena.
Aunque no tenga nada que ver con este post, como ya sabes se está formando poco a poco en este país una plataforma que pretende convertirse en el primer partido verde, a semejanza de los europeos, de nivel nacional: Equo.
Aquí te dejo la página web:
http://proyectoequo.org/
Tienen un proyecto interesante y quién sabe, a lo mejor nos da una sorpresa en las próximas elecciones.
Saludos
THANKS
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