A propósito de la separación de poderes.

Hay que reconocer que soy un picajoso, y uno de mis referentes intelectuales en esto de internet acaba de provocarme. Nuestro Geógrafo Subjetivo propone hablar sobre el CGPJ, y nunca puede faltar el argumento de salón (por no decir de otro lugar menos agradable pero igual de poco intelectual) de la inexistencia de la separación de poderes en España. Dado que he comentado cosas sobre este tema en el blog del Geógrafo, poco puedo decir más. Sólo unos breves apuntes, para contribuir al debate en la medida de mis posibilidades, y postear "al alimón".

En primer lugar, hemos de considerar que, desde el punto de vista histórico, toda corriente ideológica y todo movimiento intelectual es fruto de su contexto, y difícilmente podemos llegar a entenderlo en su totalidad si juzgamos sus elementos con parámetros de nuestra época. Dicho esto, cabe recordar el contexto en que surge y se desarrolla la doctrina de la separación de poderes: El primer acercamiento que podemos considerar lo aporta John Locke, en el s. XVII, y es desplegado por buena parte de los filósofos ilustrados del XVIII francés, y luego aplicado con éxito en las 13 colonias inglesas norteamericanas que, a partir de final de siglo, fundarían los Estados Unidos de América. Hablamos, por tanto, de una idea que surge en un contexto en que, en buena parte de Europa, nos encontramos con una teoría del poder absolutamente centrada en la figura del Príncipe, soberano de su nación y poder de poderes. Detentaban los monarcas absolutos, fruto de la concentración de poder que se va generando en la Plena Edad Media, unas potestades casi ilimitadas de actuación en su esfera estatal: Impartían justicia (que emanaba de sus cabezas y manos y, en el mejor de los casos, de una cohorte de consejeros que andaban por palacio), eran la ley y tenían una incipiente burocracia y un ejército a su servicio para hacer cumplirla. De esta tesis surge la antítesis lockiana y montesquieana, siguiendo a grandes rasgos el marco teórico que expone Thomas Kuhn en su "la estructura de las revoluciones científicas".

El concepto de estado ha cambiado desde esos momentos, ya que ahora estamos en el siglo XXI, hemos vivido dos guerras mundiales, hemos conocido un desarrollo del capitalismo y hemos tejido una red de negocio, comercio e interacciones políticas en todo el mundo. Por ello parece ilógico pretender que la teoría de la separación de poderes del XVIII siguiese vigente como si tal cosa fuera, y más en cuanto pretendemos usar dicho argumento como un ataque al sistema constitucional de nuestro país.

Como se ha hablado en Geografía Subjetiva, en un estado social y democrático de derecho, con una constitución más o menos amplia y rígida como cúspide del ordenamiento jurídico, que consagra un sistema democrático de partidos, la rígida separación de poderes, pensada para un contexto en el que sólo parte de la población tenía derechos políticos, no funciona. Hemos evolucionado, y hemos llegado a la conclusión de que el titular de la soberanía nacional es el pueblo, el conjunto de ciudadanos que formamos el estado, y, por tanto, es esta ciudadanía la que da legitimidad a los distintos órganos que sustentan la vida de nuestro estado.

Así, nos encontramos ante un entramado institucional en que, con preponderancia del poder legislativo, directo representante de la soberanía popular, tenemos otra serie de instituciones que también ostentan poderes del Estado, como son el ejecutivo y el judicial, con un hilo conductor entre todos ellos, lo que nos hace hablar de una coordinación de poderes, no de una separación.

Veamos: el legislativo elige al ejecutivo y, en tanto que mantiene una relación de confianza con éste, puede derribarlo. Pero, a la vez, hemos tenido en cuenta el mecanismo para favorecer la gobernabilidad del estado al permitir que el ejecutivo pueda disolver el legislativo, con tasadas restricciones. Tanta es la relación de confianza entre ambos, que incluso el legislativo puede delegar la facultad que le caracteriza en el ejecutivo, e incluso los miembros del gobierno pueden ser, a su vez, miembros de cualquiera de las dos cámaras que componen las Cortes Generales. A la vez, encontramos un poder judicial compuesto por funcionarios públicos, que imparten justicia en virtud de la soberanía popular y en nombre del rey (una figura constitucional de poca relevancia política), y que tienen capacidad para enjuiciar la actividad del ejecutivo, gobernados por un Consejo dirigido por personas que son elegidas por el legislativo. A su vez, un nuevo poder, ejercido por el Tribunal Constitucional, que se ocupa de la salvaguarda del poder constituyente, y puede enjuiciar la labor legislativa. Como vemos, coordinación entre los diferentes poderes, de tal modo que se controlan entre sí en base a diferentes aspectos que aseguran que ninguno se exceda más de lo deseable, con la consecuente "seguridad" de los ciudadanos.

Además, a todo esto, hemos de añadir la importancia de la pertenencia de España a la UE, y la multiplicidad del sistema de fuentes interno como consecuencia de una amplia descentralización territorial.

Hay quien a todo esto no le gusta por el mero hecho de que los partidos mayoritarios hayan pactado, hace poco, el nombramiento de los que van a gobernar los jueces por los próximos años. Mucho podemos discutir sobre el nombramiento, sobre la forma, sobre los candidatos o sobre si tales nombramientos deben ser vitalicios o no. Lo indudable es que un sistema en que la soberanía emana del pueblo, que materializa su voluntad en unas elecciones limpias, seguras y periódicas que eligen unos representantes, lo criticable sería lo contrario: Que uno de los poderes sólo estuviera sometido a su propia estructura corporativa interna, sin tener que rendir cuentas ante nada ni nadie más que ante un reducido comité disciplinario sin más. Ese no es el modelo de judicatura que yo quiero. Para que esto fuera así, los miembros del CGPJ, los presidentes del Supremo y los TSJ y los magistrados del Tribunal Constitucional habrían de ser legitimados directamente por los ciudadanos, es decir, elegidos por éstos. Así no habría intromisión alguna del ejecutivo o legislativo.

El problema, dirán, es que los vocales están influidos por los partidos que los nombran. A mi juicio, esa es una forma muy simplista de ver la situación, puesto que hablamos de personas de edad madura, con unos buenos trabajos y consiguientes sueldos, que tienen colmadas muchas de sus facetas vitales. La imparcialidad, por tanto, no está reñida con que sean elegidos de una manera o de otra ¿O es que los juristas designados en esta tanda para el CGPJ no tienen ideología, ideas, formas de ver la vida y de leer la sociedad? ¿No tienen opinión sobre el aborto, la reducción de impuestos directos o los conflictos bélicos en Medio Oriente? Una vez en el ejercicio de sus funciones, lo que puede peligrar es su independencia, no su imparcialidad (puesto que nadie es imparcial ya que tenemos una ideología y, en este caso, una manera de ver el poder judicial). Y para ello la única solución que se me ocurre, y sin ser perfecta, es la inamovilidad una vez efectuado el nombramiento, y no, desde luego, unos ataques vacíos a la separación de poderes.

Pero ese es otro tema, y podríamos aportar ejemplos muy distintos en el marco del derecho constitucional comparado. Pero de ahí a basar críticas en una no separación de poderes, va un trecho nada saludable para la información del lector y la cultura política de nuestro país.

Espero haber contribuido en algo a los excelentes debates que se sostienen en el blog que enlazo al principio, que recomiendo a todo el mundo.