La coercitividad del D.I.P.

Sin entrar en profundidad en la materia, yo definiría el derecho como una forma para la regulación y la resolución de controversias entre diferentes sujetos. Desde mi punto de vista, la más eficaz, lo que no quiere decir que haya otras. Y su eficacia reside en dos factores fundamentales: Ser el resultado de un acuerdo tácito de voluntades y ser, una vez concebido el acuerdo, obligatorio para todos.

De lo primero se ha escrito mucho. Sólo cabe destacar que tanto el derecho privado como el derecho público regulan relaciones a las que se ha llegado por acuerdos tácitos o no, conformados, desde el desarrollo del Constitucionalismo decimonómico, en el hacer continuo de unos cuerpos legisladores electos por el pueblo, titular de esa soberanía, ese poder para darse normas y no obedecer ninguna de un orden superior, porque no hay orden superior a la voluntas populi, o, si se quiere, a las voluntae populorum.

La otra garantía es que sea obligatorio, y para que sea obligatorio no hay duda de que el garante de su obligatoriedad debe disponer de mecanismos que garanticen su rigidez y su cumplimiento. Para mí, el último mecanismo debe ser la violencia, entendida esta, como diría Max Weber, como monopolio del poder estatal, que no es más que ese garante del cumplimiento de las normas que regulan nuestra convivencia. Debe ser, por emplear el término correcto, coercitivo a la vez que imperativo.

Pero, ¿qué ocurre cuando son dos estados los que tienen controversias? Habida cuenta del principio de soberanía antes mencionado, desde el punto de vista de la igualdad de todos los entes estatales, ninguno ha de obedecer a otro. Y entonces, para el arreglo de las controversias, surge la guerra como forma de hacer política, de configurar un panorama de relaciones internacionales. Así lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, no creo que haga falta dar ningún ejemplo.

Pero con el desarrollo de la Sociedad Internacional Contemporánea, el uso de la fuerza como mecanismo habitual en las relaciones internacionales se ha ido viendo rebajado, en pro del derecho, esto es, de la solución pacífica de los conflictos entre entes dotados de igual soberanía. Surge el Derecho Internacional Público. Surge la diplomacia, tal y como hoy la entendemos. Y así llegamos, paso a paso, hasta la Carta de las Naciones Unidas, muestra de Tratado Internacional(acuerdo entre Estados, como en el derecho privado se llega a acuerdo entre particulares) que abomina la guerra como modo de relación entre las naciones de nuestro planeta, tal y como suscribe el artículo 2 de la Carta, en sus apartados 2 y 3 y, de regla, la convierte en excepción muy tasada, considerando lícito su uso en casos de legítima defensa o si lo autorizase el Consejo de Seguridad, el órgano más importante dentro de la ONU. Había que considerar un último factor: El nivel de la fuerza utilizada en contestación a una primera agresión debería respetar el principio de proporcionalidad.

Pues bien, ese es el amparo de Israel para asesinar población: Legítima defensa. Prostituyendo una acción que debe ser el último recurso y una excepción, como ya hicieran los EEUU en varias ocasiones, y riéndose del principio de proporcionalidad de la acción. Que no nos confundan: Matar niños en escuelas o dejar sin luz y agua a casi un millón de personas no es proporcional ni constituye un acto de retorsión, ni de legítima defensa. Se llama genocidio.

La solución no pasa por la violencia. Pasa por el derecho, por la diplomacia, por la política. Pero cuando las normas internacionales no tienen capacidad de coerción de aquellos que han de obedecerlas, poco se puede hacer frente a la barbarie.

PD: Visiones interesantes y similares en los blogs de Alberto Ginel y del Geógrafo Subjetivo, siempre interesantes.