El Presidente del Gobierno, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 2.2, sección K de la Ley 50/1997, de 27 de Diciembre, y según el artículo 100 de nuestra Constitución,ya ha elegido el nuevo gabinete ministerial que conformará el Gobierno inicial de la IX Legislatura. Se trata de un gobierno novedoso, tanto por algunas de las personas que lo componen (con gestos de alta carga simbólica) como por la nueva restructuración de las áreas del mismo, como bien explica Geógrafo Subjetivo.
En los medios y en la blogosfera se puede leer de todo sobre la composición y estructura del mismo, desde las más diferentes visiones. Me quiero centrar en una de ellas, las que he leído en blogs que frecuento: Esa visión "localista" que ya se queja o se alboroza según haya ministros de su CA o no. Desde esa conciencia de la existencia de visiones localistas (especialmente en mi tierra, al no haber ningún ministro extremeño), cabe hacerse la siguiente pregunta para reformular el análisis: ¿Han pesado las cuotas territoriales a la hora de conformar este nuevo gobierno?
Zapatero ha sido más independiente que hace cuatro años al elegir el Gobierno de España para legislatura que se nos avecina. Consecuencia directa tras varios años de elecciones ganadas o muy bien rentabilizadas (las autonómicas y municipales de 2003 y 2007, dos generales en 2004 y 2008, las europeas de 2004 o las autonómicas de País Vasco, Galicia y Cataluña).
Podemos definir cuota territorial (en la órbita del PSOE) como la supuesta asignación a una determinada federación territorial de una serie de titulares de órganos superiores de la Administración del Estado,. del Gobierno en este caso, en virtud del peso específico de la federación territorial que impone la couta según unos criterios más o menos claros, como pueden ser el número de militantes, el respaldo electoral conseguido, la fuerza de sus dirigentes, etc. La fórmula, normalmente, es la de colocar en el Gobierno a dirigentes regionales o a personas apoyadas por los órganos partidarios máximos del nivel territorial correspondiente.La respuesta, a mi juicio, es tan rotunda como visible: Estamos ante un Gobierno bastante alejado de cuotas territoriales, cuestión excelente a mi juicio, ya que, siendo puristas, el localismo que imponen las cuotas es perjudicial para el desarrollo de la acción gubernamental.
Observemos el primer dato que me lleva a aseverar tal cuestión: De 17 ministros y ministras que componen el Gobierno, 9 no son afiliados al partido. Ello nos habla de la no adscripción de estos a ninguna federación en concreto, aunque estas quieran, a posteriori, hacerse representar por ellos: El caso de María Teresa Fernández de la Vega es el más claro, ya que si bien su vinculación política con Valencia es escasa, el intento de adscribirla allí fue uno de los indicadores de la pasada campaña electoral. Igual ocurrió con Bernat Soria, con César Antonio Molina, e incluso con Miguel Sebastián en su fallida aventura en Madrid, y ocurre ahora con la ministra Garmendia. Vemos que, en más de la mitad del ejecutivo, a priori, parece haber sido más relevante la independencia del Presidente que el peso mismo del PSOE, la búsqueda de personalidades en la "sociedad civil" antes que entre los cuadros del partido.
Analizando los 8 restantes, y sin dudar de la capacidad de ningún titular (ya que a varios de ellos los desconozco), se ve claramente que hay muy pocas cuotas. Carme Chacón, compañera de andanzas de Zapatero desde comienzos de Nueva Vía, aunque sea dirigente del PSC está donde está por su cercanía a Zapatero. Moratinos no tiene apenas relación orgánica con el PSOE-A ni ha tenido peso administrativo en la Junta de Andalucía. Rubalcaba tiene un peso específico en la historia reciente del PSOE que va más allá de cualquier adscripción territorial. La nueva ministra de Vivienda tampoco tiene peso específico ninguno en el PSM, y sin está ahí es tanto por consejo de Sebastián como por su más que envidiable currículo profesional. A mi juicio, Elena Espinosa comenzó por "envío" de Touriño y Pepe Blanco, y ahora permanece por su capacidad de gestión eficaz y discreta. Echando un rápido recuento, pocas cuotas.
Y a mí me parece estupendo, puesto que un Gobierno no es una ejecutiva del PSOE donde tengan que tener cabida diferentes sensibilidades territoriales e ideológicas. El Gobierno es algo mucho más trascendente y relevante, una institución que, desde su subjetividad política y programática, pero ateniéndonos al articulado de la LOFAGE, debe servir con objetividad a los interes generales. Tal debe ser, y no otra, la esencia del Gobierno, condicionada siempre por el color ideológico de los miembros del mismo y, especialmente, por la línea programática del Presidente, conocida en su programa electoral y en su investidura. Y los intereses generales no son la suma de los intereses territoriales, es algo mucho más intenso. A la hora de llevar a cabo los intereses generales, a veces hay que perjudicar a algunas de las partes momentáneamente, o hay que emprender acciones que pueden no ser entendidas fácilmente en algunas partes del territorio nacional. Y para que ello funcione, en el Consejo de Ministros no deben sentarse personas que dificulten la consecución de tales intereses porque sean unos enviados de sus respectivas federaciones territoriales, o porque pretendan mimar esos territorios en detrimento de otros para labrarse un futuro en los mismos.
Extremadura ha tenido tres ministros en nuestra historia democrática: Alberto Oliart, Enrique Sánchez de León y Maria Antonia Trujillo, lista a la que podemos añadir el nuevo ministro Celestino Corbacho, nacido en Valverde de Leganés pero emigrado a Cataluña. A mí, objetivamente, no me parece mal, puesto que, en el caso de Maria Antonia Trujillo (el que más conozco por razones obvias), no se puede decir que sólo haya mirado por su tierra, sino que ha procurado cumplir con sus objetivos competenciales en todo el territorio nacional. Y eso, que yo sepa, no es malo. Lo malo hubiese sido, en un afán localista y "cateto", exigirle lo contrario.
En los medios y en la blogosfera se puede leer de todo sobre la composición y estructura del mismo, desde las más diferentes visiones. Me quiero centrar en una de ellas, las que he leído en blogs que frecuento: Esa visión "localista" que ya se queja o se alboroza según haya ministros de su CA o no. Desde esa conciencia de la existencia de visiones localistas (especialmente en mi tierra, al no haber ningún ministro extremeño), cabe hacerse la siguiente pregunta para reformular el análisis: ¿Han pesado las cuotas territoriales a la hora de conformar este nuevo gobierno?
Zapatero ha sido más independiente que hace cuatro años al elegir el Gobierno de España para legislatura que se nos avecina. Consecuencia directa tras varios años de elecciones ganadas o muy bien rentabilizadas (las autonómicas y municipales de 2003 y 2007, dos generales en 2004 y 2008, las europeas de 2004 o las autonómicas de País Vasco, Galicia y Cataluña).
Podemos definir cuota territorial (en la órbita del PSOE) como la supuesta asignación a una determinada federación territorial de una serie de titulares de órganos superiores de la Administración del Estado,. del Gobierno en este caso, en virtud del peso específico de la federación territorial que impone la couta según unos criterios más o menos claros, como pueden ser el número de militantes, el respaldo electoral conseguido, la fuerza de sus dirigentes, etc. La fórmula, normalmente, es la de colocar en el Gobierno a dirigentes regionales o a personas apoyadas por los órganos partidarios máximos del nivel territorial correspondiente.La respuesta, a mi juicio, es tan rotunda como visible: Estamos ante un Gobierno bastante alejado de cuotas territoriales, cuestión excelente a mi juicio, ya que, siendo puristas, el localismo que imponen las cuotas es perjudicial para el desarrollo de la acción gubernamental.
Observemos el primer dato que me lleva a aseverar tal cuestión: De 17 ministros y ministras que componen el Gobierno, 9 no son afiliados al partido. Ello nos habla de la no adscripción de estos a ninguna federación en concreto, aunque estas quieran, a posteriori, hacerse representar por ellos: El caso de María Teresa Fernández de la Vega es el más claro, ya que si bien su vinculación política con Valencia es escasa, el intento de adscribirla allí fue uno de los indicadores de la pasada campaña electoral. Igual ocurrió con Bernat Soria, con César Antonio Molina, e incluso con Miguel Sebastián en su fallida aventura en Madrid, y ocurre ahora con la ministra Garmendia. Vemos que, en más de la mitad del ejecutivo, a priori, parece haber sido más relevante la independencia del Presidente que el peso mismo del PSOE, la búsqueda de personalidades en la "sociedad civil" antes que entre los cuadros del partido.
Analizando los 8 restantes, y sin dudar de la capacidad de ningún titular (ya que a varios de ellos los desconozco), se ve claramente que hay muy pocas cuotas. Carme Chacón, compañera de andanzas de Zapatero desde comienzos de Nueva Vía, aunque sea dirigente del PSC está donde está por su cercanía a Zapatero. Moratinos no tiene apenas relación orgánica con el PSOE-A ni ha tenido peso administrativo en la Junta de Andalucía. Rubalcaba tiene un peso específico en la historia reciente del PSOE que va más allá de cualquier adscripción territorial. La nueva ministra de Vivienda tampoco tiene peso específico ninguno en el PSM, y sin está ahí es tanto por consejo de Sebastián como por su más que envidiable currículo profesional. A mi juicio, Elena Espinosa comenzó por "envío" de Touriño y Pepe Blanco, y ahora permanece por su capacidad de gestión eficaz y discreta. Echando un rápido recuento, pocas cuotas.
Y a mí me parece estupendo, puesto que un Gobierno no es una ejecutiva del PSOE donde tengan que tener cabida diferentes sensibilidades territoriales e ideológicas. El Gobierno es algo mucho más trascendente y relevante, una institución que, desde su subjetividad política y programática, pero ateniéndonos al articulado de la LOFAGE, debe servir con objetividad a los interes generales. Tal debe ser, y no otra, la esencia del Gobierno, condicionada siempre por el color ideológico de los miembros del mismo y, especialmente, por la línea programática del Presidente, conocida en su programa electoral y en su investidura. Y los intereses generales no son la suma de los intereses territoriales, es algo mucho más intenso. A la hora de llevar a cabo los intereses generales, a veces hay que perjudicar a algunas de las partes momentáneamente, o hay que emprender acciones que pueden no ser entendidas fácilmente en algunas partes del territorio nacional. Y para que ello funcione, en el Consejo de Ministros no deben sentarse personas que dificulten la consecución de tales intereses porque sean unos enviados de sus respectivas federaciones territoriales, o porque pretendan mimar esos territorios en detrimento de otros para labrarse un futuro en los mismos.
Extremadura ha tenido tres ministros en nuestra historia democrática: Alberto Oliart, Enrique Sánchez de León y Maria Antonia Trujillo, lista a la que podemos añadir el nuevo ministro Celestino Corbacho, nacido en Valverde de Leganés pero emigrado a Cataluña. A mí, objetivamente, no me parece mal, puesto que, en el caso de Maria Antonia Trujillo (el que más conozco por razones obvias), no se puede decir que sólo haya mirado por su tierra, sino que ha procurado cumplir con sus objetivos competenciales en todo el territorio nacional. Y eso, que yo sepa, no es malo. Lo malo hubiese sido, en un afán localista y "cateto", exigirle lo contrario.
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